Publicado por el Diario LA NACIÓN, el día:14/5/2019
Riesgo de un pacto de impunidad
Por Roberto Gargarella, Maristella Svampa y Rubén Lo Vuolo
La historia de la Argentina ha alternado siempre entre grandes
expectativas y grandes frustraciones. Sus abundantes bienes
naturales y la calidad de sus recursos humanos siempre fueron
presentados como elementos capaces de facilitar la construcción de
una sociedad con potencia para combinar prosperidad y buen vivir.
Sin embargo, la reiterada sucesión de fracasos colectivos y crisis
recurrentes la transforma en una sociedad que se aleja cada vez más
de su potencial histórico. Así, hoy estamos inmersos en otro episodio
de frustración colectiva y crisis, en el contexto de un nuevo período
electoral.
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Frente a este escenario, aquí buscamos reflexionar sobre uno de los
elementos que explican estas frustraciones y crisis recurrentes y que
se vuelve particularmente relevante en este período electoral: la
reiteración de pactos de impunidad entre los miembros de las élites
que controlan las distintas instancias de poder en el país. Estos
pactos reiterados y no siempre formalizados en la práctica política
argentina, explican no sólo las decepciones económicas reiteradas,
sino también la persistencia de una matriz de desigualdad que
alimenta la riqueza y el poder de un grupo minoritario.
Hay múltiples ejemplos de estos pactos, que habitualmente no se
producen a la luz del día, no se expresan en un solo acto, ni se
limitan a la clase política. El que mantiene en libertad al ex
Presidente Menem bajo el amparo de sus fueros legislativos es uno
de los más notables, aunque sólo ilustre de modo visible la
impunidad de funcionarios y empresarios que lucraron con
privatizaciones y otras políticas de su gobierno, y que nunca fueron
siquiera citados por la justicia. El propio Presidente de la
Nación,Mauricio Macri, ha reconocido la participación de su padre en
"actos delictivos", que lo muestran como protagonista activo de esos
pactos (en particular, a través de la"patria contratista," que definió
los destinos económicos del país durante décadas). Los ejemplos se
multiplican a nivel de provincias y municipios, como así en el
engorroso entramado normativo que otorga beneficios especiales y
normas de excepción en diversos rubros de la relación entre el sector
público y el privado (incluyendo los cuantiosos negocios vinculados a
la deuda pública).
La llamada "causa de los cuadernos" puede ser el ejemplo más
notorio del acuerdo por la impunidad al que nos referimos. La causa
en cuestión ha dejado a la luz las cloacas de una entente político-
económica estratégica que, con distintos nombres y distintas
retóricas, ha controlado y esquilmado a la Argentina en las últimas
décadas. En una ofensiva que busca limitar o poner término a las
gravísimas derivaciones de esta causa, se observa que gran parte de
la élite dirigente del país denuncia que "todo el proceso está lleno de
irregularidades y mentiras", mientras opera para contaminarlo y
ponerle precio a la impunidad de empresarios y políticos que hoy se
encuentran en estado de pánico. Buena parte de nuestro personal
judicial, también protagonista de pactos de impunidad pasados y
presentes, parece dispuesta a trabajar al servicio de ello. Por
ejemplo, la insólita decisión de la Corte Suprema de requerir al
Tribunal Oral Federal número 2 el expediente del juicio que se
iniciaba el martes próximo contra la ex presidenta Cristina Kirchner,
no define ni constituye ese pacto, pero sin dudas tampoco hace nada
para desmentirlo.
Así, detrás de nuevos "pactos de gobernabilidad", la sociedad
argentina enfrenta hoy el riesgo de nuevos "pactos de impunidad".
Con el argumento de la innegable necesidad de lograr paz social
junto con estabilidad política y económica, sectores del poder
político, sindical, empresarial y eclesiástico -más allá de las
controversias, odios y escándalos del momento- auspician un nuevo
compromiso de impunidad para los culpables de desfalcos públicos y
enriquecimientos privados.
Esto no quiere decir que estemos rechazando la necesidad de generar
nuevos consensos para mejorar la economía, cambiar las condiciones
institucionales en el país, o dotar de mayor justicia a prácticas
carentes de ella. Por el contrario,coincidimos en buscar puntos de
acuerdo entre diversas fuerzas políticas. Pero lo que nos interesa
recordar es que la historia argentina ofrece buenos ejemplos de lo
contrario, donde la búsqueda de pactos de gobernabilidad ha abierto
la puerta a la consolidación de pactos de impunidad. Como
consecuencia de estos acuerdos de cúpula, el país no sólo sigue
inmerso en una matriz de corrupción público-privada, sino que
también sufre las consecuencias de una matriz económica rentista,
improductiva e insustentable, incapaz de ofrecer empleo, bienestar a
la población y garantizar la protección de la vida y de los territorios.
No debe extrañar que, pese a los cambios de gobierno, las
actividades económicas más rentables en el país continúen siendo las
vinculadas a la extracción y depredación de los bienes naturales; a
mercados cautivos; a la especulación financiera, cambiaria e
inmobiliaria; a los contratos privilegiados con el Estado.
Así, la persistente matriz de desigualdad económica y social en el
país es el resultado directo de estos pactos de impunidad de las élites
que pueden incluir mayor o menor cantidad de programas
asistenciales, más o menos deuda pública, incremento o disminución
de la obra pública, pero que siempre favorecen el enriquecimiento y
la concentración del poder en unos pocos. Los habituales
protagonistas de estos pactos de enriquecimiento personal y ejercicio
de poder concentrado se encuentran tanto entre los ocupantes
circunstanciales de los tres poderes del Estado, como en los medios
de comunicación afines y las agrupaciones intermedias al servicio de
intereses particulares (incluyendo asociaciones civiles y los
llamados think thanks que operan como apéndices de estos
poderes).
Los problemas del país no pueden ni merecen resolverse con
consensos que, apelando a la "política real" o "pragmática",
concluyan en un nuevo pacto de impunidad entre las élites,
suprimiendo todo proceso de justicia y esclarecimiento de lo
ocurrido en estos años. Proponemos resistir esos acuerdos, tanto en
sus contenidos, como en sus formas. Pues, para poder convertirse en
acuerdos democráticos, ellos deben incluir a ciudadanos y
movimientos sociales, y no sólo a las cúpulas de los tradicionales
factores de poder locales. Necesitamos evitar que se repitan políticas
que en la coyuntura aparentan mejorar la situación económica y
social pero que, por los modos en que se construyen, y por los
objetivos a los que apuntan, prometen reforzar la matriz de
desigualdad, exclusiones y privilegios persistentes.
Sabemos que no resulta fácil construir alternativas políticas sólidas
en la coyuntura actual y entendemos la desesperación de muchos
ante la escalada de la crisis presente. Pero pensar la sociedad y la
política del país desde un horizonte de igualdad, de mayor
democracia, de justicia social y ambiental, exige desmantelar el
vínculo estructural que hoy todavía se advierte, entre corrupción,
injusticia y desigualdad. La autocrítica política; la justicia que
garantice el fin de la impunidad; y el cambio drástico en la
orientación de la política económica y social, deben ir
necesariamente de la mano.
Por: Roberto Gargarella
